17.05.2021. En la tarde del 13 de mayo de 2021, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, con el voto favorable de una amplia mayoría de la Cámara. Esta nueva norma, que llega en un momento especialmente acuciante para la economía, supone un hito y con ella se marca “un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos”, como señalaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El texto establece como objetivo principal la plena descarbonización de la economía en el año 2050, lo que implica que la totalidad de la electricidad del país deberá generarse a través de fuentes energéticas verdes y que deberán reestructurarse sectores como la movilidad, las infraestructuras, la gestión de residuos o la agricultura. Asimismo, y a través de sucesivos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, se pretende incrementar en un 42% el uso de energías renovables, situar la eficiencia energética en el 39,5% y reducir en un 23% la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030.

La ley, que incorpora seis enmiendas de carácter técnico tras su paso por el Senado, tendrá que ir desarrollándose durante los próximos meses y años y se verá enriquecida con medidas como una futura ley de movilidad sostenible – ya que el parque automovilístico debe ser libre de emisiones de dióxido de carbono para ese horizonte de 2050-, una reforma eléctrica y planes de impulso a las renovables y a la movilidad eléctrica.

Por tanto, nos encontramos ante una ley novedosa e imprescindible, que se enmarca dentro de los objetivos de la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático y con la nueva estrategia contemplada en el Pacto Verde Europeo, la herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Si bien no es todo lo ambiciosa que algunas ONGs exigían, es un primer paso que demuestra el compromiso del Gobierno con la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático e implica una llamada a la acción a entidades y a la población en general.

A falta aún de publicación en el BOE, puede consultarse el texto aprobado por el Senado y, posteriormente, por el Congreso, a través del siguiente enlace.